Un estudio de Stanford muestra cómo el sector cárnico y lácteo resiste la competencia de productos animales alternativos
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La barbacoa de verano -una tradición estadounidense sinónimo de celebración de la libertad- puede verse empañada por un mercado decididamente no libre. Un nuevo estudio de Stanford revela cómo los grupos de presión de la industria cárnica y láctea han influido en la normativa y la financiación gubernamentales para reprimir la competencia de productos cárnicos alternativos con menor impacto climático y medioambiental. El análisis, publicado el 18 de agosto en One Earth, compara las innovaciones y políticas relacionadas con las alternativas cárnicas vegetales y la carne cultivada en laboratorio en Estados Unidos y la Unión Europea. Sus conclusiones podrían ayudar a garantizar que la legislación, como la Ley Agraria estadounidense de 428.000 millones de dólares que expira el 30 de septiembre, iguale las condiciones de la industria alimentaria.
"La falta de políticas centradas en reducir nuestra dependencia de los productos de origen animal y la falta de apoyo suficiente a las tecnologías alternativas para hacerlas competitivas son sintomáticas de un sistema que sigue resistiéndose a los cambios fundamentales", afirmó la autora principal del estudio, Simona Vallone, investigadora asociada de ciencias del sistema terrestre en la Escuela Doerr de Sostenibilidad de Stanford en el momento de la investigación.
Un problema creciente
La producción ganadera es el mayor emisor de metano, un potente gas de efecto invernadero, debido a las emisiones de rumiantes como el ganado vacuno, ovino y caprino. También es la principal causa directa de deforestación tropical, debido a la expansión de los pastos y la producción de cultivos forrajeros. Numerosos estudios han demostrado que los cambios en la dieta tienen un gran potencial para reducir la huella ecológica de la humanidad, especialmente una reducción del consumo de carne roja. Al mismo tiempo, las dietas occidentales ricas en carne son cada vez más populares en todo el mundo.
Los investigadores revisaron las principales políticas agrícolas de 2014 a 2020 que apoyaban el sistema de productos alimenticios de origen animal o las tecnologías alternativas, y compararon el gasto público en ambos sistemas. También analizaron las tendencias de los grupos de presión.
Descubrieron que los gobiernos dedicaban sistemáticamente la mayor parte de su financiación agrícola a los sistemas de producción de ganado y piensos, evitaban destacar las dimensiones de sostenibilidad de la producción de alimentos en las directrices de nutrición e intentaban introducir obstáculos reglamentarios, como normas de etiquetado estrechas, a la comercialización de alternativas a la carne. Las principales empresas cárnicas y lácteas estadounidenses presionaron activamente contra las cuestiones y normativas medioambientales para inclinar la balanza a su favor.
En EE.UU., los productos alimentarios de origen animal reciben 800 veces más financiación pública y 190 veces más dinero de los grupos de presión que las alternativas. En la UE, los alimentos de origen animal reciben 1.200 veces más financiación pública y tres veces más dinero de los grupos de presión. En ambas regiones, casi todas las patentes de carne de origen vegetal fueron publicadas por un reducido número de empresas privadas o particulares, y sólo una empresa estadounidense, Impossible Foods, poseía la mitad de las patentes.
Entre las anécdotas citadas por el estudio:
- Los productores de ganado de la UE dependían en gran medida de los pagos directos de subvenciones, que constituían al menos el 50% de sus ingresos durante el periodo de estudio. Algunos de estos pagos incentivaban a los ganaderos a mantener el tamaño del rebaño, mantener los pastos en producción o aumentar la producción global.
- En 2017, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los términos lácteos como leche y queso ya no podían utilizarse para comercializar la mayoría de la leche y los productos lácteos alternativos. Del mismo modo, una enmienda propuesta a la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos prohibiría la venta de carnes alternativas a menos que la etiqueta del producto incluyera la palabra "imitación" y otras declaraciones aclaratorias que indicaran el origen no animal.
Restablecer la competencia
El pasado mes de junio, el Departamento de Agricultura de EE.UU. aprobó la venta de pollo cultivado en laboratorio, la primera autorización de este tipo a los productores de carne cultivada del país. El estudio de Stanford señala los recientes avances políticos como destellos similares de esperanza para un cambio hacia dietas más sostenibles. En EE.UU., la Ley de Reducción de la Inflación aprobada el año pasado incluye inversiones en asistencia técnica y financiera para apoyar a los agricultores y ganaderos que apliquen prácticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o secuestrar carbono. En la UE, una propuesta política que se debatirá este otoño pretende acelerar una transición sostenible del sistema alimentario para apoyar soluciones de mitigación del cambio climático y reducir la pérdida de biodiversidad y el impacto ambiental.
Según los investigadores, para garantizar un mercado justo de productos cárnicos alternativos, los responsables políticos deben elaborar una legislación que garantice que el precio de la carne refleje sus costes medioambientales, aumente la investigación sobre productos cárnicos y lácteos alternativos e informe a los consumidores sobre alternativas a la carne a través de directrices dietéticas.
"Está claro que poderosos intereses creados han ejercido influencia política para mantener el statu quo del sistema de cría de animales", afirma Eric Lambin, autor principal del estudio, catedrático George y Setsuko Ishiyama de la Universidad de Stanford e investigador principal del Instituto Woods de Stanford para el Medio Ambiente. "Es necesario un cambio político significativo para reducir el impacto del sistema alimentario en el clima, el uso del suelo y la biodiversidad".
Pat Brown, fundador y consejero delegado de Impossible Foods, y profesor emérito de bioquímica en Stanford, no participó en el estudio.
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